• Protegiendo el interés superior de la niñez en nuestro país, el Senado de la República aprobó reformar el Código Penal Federal (CPF), introduciendo una pena de ocho a quince años de prisión a quien cometa el delito de cohabitación forzada de personas menores de edad.

  
  

  De esta manera el dictamen, que contó con una votación favorable de 90 sufragios en lo general y lo particular dentro del pleno de la Cámara Alta, modifica el artículo 205 Bis y adiciona el capítulo IX al título octavo añadiendo supuestos no contemplados en el marco normativo. Asimismo, el decreto, producto del trabajo bicamaral, contempla un incremento de la sentencia en caso de referirse a una víctima de una comunidad indígena o afromexicana.

  
  

  En la discusión en pleno, la senadora Olga Sánchez Cordero (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, reconoció el trabajo impulsado en esta materia por muchas activistas, académicas y legisladoras en defensa de la infancia en nuestro país. De esta manera, se mencionó casos en los que se obliga o manipula a niñas, niños o adolescentes para adoptar un modo de vida idéntico a un matrimonio con una persona adulta.

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“Lo anterior constituye preocupantemente una figura que atenta contra el interés superior de la niñez y que representa un menoscabo a los derechos fundamentales en detrimento de su formación y de su desarrollo integral”, apuntó la legisladora. Al abordar este tema, Sánchez Cordero denotó que la importancia de tomar en cuenta que niñas, niños y adolescentes requieren de una protección especial, “una protección reforzada”.

Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda manifestó su preocupación sobre el tema, ya que, de acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en América Latina, una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio por primera vez antes de cumplir los 18 años.

Espino de la Peña condenó este tipo de relaciones y mencionó que las niñas adolescentes inmersas en estas circunstancias enfrentan diversos problemas como el aislamiento social de sus familiares, amistades y otras redes de apoyo. En ese sentido subrayó que la violencia de género, abandono escolar, escasas oportunidades de empleo y una alta probabilidad de tener un embarazo se encuentran ligadas este problema.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) apuntó que no deberá quedar impunes situaciones donde se obliga a una jovencita a mantener relaciones con una persona en contra de su voluntad. Determinó que la cohabitación forzada se castigará con la cárcel. “Basta de impunidad, basta de violencia”.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) comentó que 12 millones de personas se encuentran en el supuesto mencionado en la reforma presentada. Reconoció que el combate contra la cohabitación de menores es menor en nuestro país que en otras partes del mundo. Abordando cifras al respecto, Ramírez Marín expresó su desaprobación de obligar a niñas ya adolescentes a vivir en cohabitación.

“Tan sólo el 50 por ciento de las mexicanas menores de 18 años ya se encuentran casadas y con al menos un hijo”. Recalcó que el 84 % de menores de 15 años se han visto obligadas a casarse, por lo que calificó que la iniciativa es oportuna para corregir una situación que condena el futuro de miles de jovencitas.

En su intervención, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre (PT) marcó la aprobación como trascendente para para las mujeres de nuestro país. Calificó como un acto de inhumanidad, obligar a una persona a cancelar su proyecto de vida, claudicar a sus sueños, mutilar sus esperanzas para cohabitar con alguien. “El artículo 1 de nuestra Constitución es claro: Toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos y protegidos por el Estado mexicano”, agregó.

En ese sentido, la legisladora destacó que más de 230 mil niñas y adolescentes entre 12 y 17 años a nivel nacional, se encontraban casadas o unidas en 2020, lo cual corresponde casi 4 % de la población femenina de dicho rango de edad, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al subir a tribuna, la senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) resaltó el valor de la niñez como una etapa de formación por lo cual debe ser atendida como un valor superior. Agregó que el matrimonio infantil y obligar a cohabitar a niñas, niños y adolescentes con adultos es una transgresión de la niñez catalogada como una práctica negativa que impacta en la salud, el desarrollo a futuro y la violencia.

Sobre la reforma mencionó que esta permitirá sancionar a las personas que busquen pactar matrimonios o relaciones con menores de edad sobre todo en comunidades indígenas o afromexicanas. “Lo que sin lugar a dudas de deber erradicado. El unir a menores de edad o personas que no comprendan la cohabitación es obstaculizar su voluntad, su libertad”, declaró la legisladora.

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