Presidente de la Jucopo destaca nueva estrategia nacional contra la extorsión

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mencionó en conferencia de prensa que posterior a la aprobación de reformas en materia de seguridad pública por el Congreso, el secretario de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad anunciaron el inicio de una estrategia nacional enfocada en ocho estados donde se concentra el 70 por ciento de los casos de extorsión.

El diputado advirtió que este nuevo enfoque responde a un marco jurídico actualizado, aprobado por las y los legisladores, que permite a las autoridades actuar con límites claros y en coordinación con los tres niveles de gobierno.Recordó que hace unas semanas presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional para expedir una Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión.

Asimismo, se pronunció a favor de la actual estrategia nacional que busca recuperar la paz y la tranquilidad del país. Asimismo, elogió a las Fuerzas Armadas y al secretario de Seguridad Pública por priorizar los delitos que más afectan a la población.

El legislador detalló que su propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Resaltó que la expedición de una ley general no solo armonizaría el marco normativo, sino que también fortalecería la capacidad institucional, optimizaría los recursos públicos y garantizaría el acceso igualitario a la justicia. 

Monreal enfatizó que la falta de una legislación homogénea ha sido motivo de observaciones por parte de organismos internacionales, que han urgido a México a fortalecer su marco legal y sus mecanismos de coordinación para cumplir con estándares globales.

La extorsión, agregó, afecta a todos los sectores sociales, desde empresarios hasta amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y campesinos. Su impacto se refleja especialmente en los pequeños y medianos negocios: más de 1.3 millones de establecimientos, que representan el 27.2 por ciento de las unidades económicas del país, han sido afectados por este delito y otros relacionados como el robo de mercancías.

Por ello, concluyó, es imprescindible sentar las bases constitucionales para una legislación que permita una atención integral del fenómeno y promueva la participación efectiva de todos los niveles de gobierno en su combate.

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