El Senado de la República aprobó proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, cuyo principal objetivo es reconocer, proteger y garantizar la continuidad de su personalidad jurídica y sus derechos.
Asimismo, se busca brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de las personas desaparecidas y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.
Al fundamentar el
dictamen, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) señaló que el tema de la
declaración de ausencia de personas desaparecidas es un reclamo social y que ha
sido trabajado de manera conjunta con organizaciones civiles e instituciones
gubernamentales.
El presidente de la
Comisión de Gobernación consideró que se debe evitar la pérdida de patrimonios,
así como garantizar la atención a la salud y al desarrollo social de los
familiares de las víctimas.
Por su parte, la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Angélica De la Peña
Gómez (PRD) comentó que a una persona desaparecida se le extrae de la
protección de la ley, se le vulnera su derecho a la personalidad jurídica, sus
bienes quedan en la incertidumbre y no pueden ser administrados para la
subsistencia de la familia y dependientes económico, que quedan en la
indefensión.
El Senador Héctor
David Flores Ávalos (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, indicó que se
plantea ordenar dentro del sistema jurídico de búsqueda de personas
desaparecidas que la tramitación de cualquier interés por parte de los
familiares sea expedita.
Por el PT, el Senador David Monreal Ávila afirmó que la desaparición forzada de personas es una práctica desleal e inhumana, por lo que se deben redoblar esfuerzos para erradicarla. Señaló que a partir de la firma de instrumentos internacionales y de la concreción de reformas legales se ha avanzado en las responsabilidades del Estado en materia de desaparición de personas.
Durante la votación se registraron 78 sufragios a favor, y el documento se remitió a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
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